(Cundinamarca, 13 de noviembre de 2017) “Las entidades que participamos en este proyecto, vemos con satisfacción la materialización de un espacio que traerá bienestar a la población vulnerable, para la cual se han desarrollado diferentes acciones, que les permiten restablecer sus proyectos de vida y la restitución de los derechos vulnerados”. Jorge Emilio Rey Ángel.
Con estas palabras, el gobernador de Cundinamarca inició su intervención en la inauguración del Centro Regional de Atención a Víctimas (CRAV) de Viotá, una obra financiada entre el Gobierno Nacional, a través de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), Cundinamarca y el municipio de Viotá, con una inversión cercana a los $1.400 millones.
El nuevo centro, tercero en Cundinamarca después de los ubicados en Soacha y La Palma, concentrará en un mismo lugar la oferta institucional de las entidades departamentales y nacionales con competencias en la asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, que en este territorio registra más de 37.000 personas residentes en las provincias del Tequendama y Alto Magdalena, a quienes se garantizará atención con enfoque diferencial y apoyo psicojurídico a través de un equipo interdisciplinario.
Con asistencia de los delegados de las diferentes entidades, la directora de la Uariv, Yolanda Pinto, el alcalde de Viotá, Héctor Jorge Cante, quien es víctima del conflicto armado interno y la población víctima, se anunció por parte de Jorge Rey que, para el año 2018, se contará con una unidad móvil, que se trasladará por los diferentes municipios del departamento.
Por su parte, Yolanda Pinto, directora de la Uariv, manifestó: "Este país lo construimos entre todos; quiero contarles que en proyectos de reparación integral a víctimas, solo en Cundinamarca, hemos invertido más de $110 mil millones".
Las víctimas en Cundinamarca
Según la Red Nacional de Información (RNI), en el primer departamento del país, habitan un total de 179.073 personas víctimas del conflicto armado interno, algunas de ellas, procedentes de otros territorios, siendo el desplazamiento forzado el hecho victimizante de mayor impacto, con un total de 163.237 personas registradas, seguido del homicidio, (15.303 víctimas), amenaza (9.711) y desaparición forzada (2.126).
El Gobierno de Cundinamarca, en cumplimiento de la ley de víctimas y el Plan de desarrollo departamental, han desarrollado proceso de reparación colectiva en los municipios de Viotá, Yacopí, La Palma, El Peñón y Topaipí, así como planes de retorno y reubicación. También se han fortalecido las mesas municipales de víctimas y los comités de justicia transicional, con asistencia técnica, acompañamiento continuo y jornadas de apoyo institucional.
